¿Qué es la Contratación Administrativa?

¿Qué es la Contratación Administrativa?

La contratación administrativa, comprende un análisis detallado de sus implicaciones, las reglas básicas que le regulan y la práctica.

La definición de la Contratación Administrativa de una sola vez, resulta unívoca, imposible e impertinente, ya que comprende conceptos abstractos, una de sus vertientes es la contratación pública sin lugar a dudas. Sus criterios estáticos y normativistas, lejos de contribuir al dominio del tema, propician confusiones.

De entrada debes saber que la contratación pública es vista como una forma para hacer crecer emprendimientos. Sus sinónimos se suelen apelar a la contratación pública como compras públicas, contratos públicos o incluso también las conocidas licitaciones.

En este tipo de procesos sobresale que quien compra (bienes y servicios) es un órgano o ente del sector público; ya sea del  Gobierno central, instituciones descentralizadas, autónomas y más, pero está lejos del concepto tácito de lo que queremos reflejar. 

Para empezar, no resulta fácil tarea determinar ya que las adquisiciones que dicho ente u órgano (para efectos prácticos nos seguiremos refiriendo a ambos como administración contratante) realiza se financian con fondos públicos. 

Fondos públicos

Es aquel que establece el factor determinante de este modelo de contratación. Dichos fondos tienen su origen en la distribución presupuestaria que se realiza con cargo a la recaudación de tributos. Es claro que se refiere a un producto de la prestación de servicios público; o tener como origen una erogación especial. 

Los fondos que se mencionan en cuestión, a diferencia del comercio común, no obedecen a las reglas de los capitales privados, tutelados por la lógica de la discreción (entendida como “no publicidad”); así que para fines obvios, esta relación es puntual con las labores propias del sector público, además son del interés de la colectividad y en virtud a su especial condición son controlados y auditadas constantemente. 

Son, en esencia, fondos cuyo empleo, inexorablemente, ha de ser públicamente constatable.

Por su parte, las compras que promueva una Administración no podrán estar sujetas a la regulación del derecho ordinario; ni recibir el mismo trato que se lleva a cabo en un contrato entre empresas, ni podrá seguir las normas (comúnmente conocidas y aplicadas) en negocios como pueden ser las ventas de vehículos, la adquisición de inmuebles, o la compra directa de bienes y servicios en comercios.

En el caso del carácter público, el uso que se dé a estos recursos deberá de ser pasible de objetiva verificación; es decir, en el proceso de la compra de bienes y servicios la Administración Contratante deberá garantizar medios a través de los cuales, terceras personas (incluyendo los órganos de control administrativo, tales como las auditorías internas y la Contraloría General de la República) tengan acceso a la información necesaria con lo que está obligada a constatar el debido y legal empleo de los fondos públicos.

En el caso de las compras con el empleo de los fondos públicos, deberá ser necesario ser objeto de verificación por parte de terceras personas; sobre todo, objeto de control ciudadano, ya que los fondos públicos son básicamente, el dinero del pueblo.

Es a estos procedimientos, son a los que comúnmente llamamos, contratación administrativa. 

Por: Azenet Folch

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